SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La pasada gestión de la Procuraduría General de la República suscribió el 17 de marzo de 2020 cuatro convenios de trabajo con igual número de abogados para una asesoría legal «gratuita» que concluirá el 31 de diciembre de 2023, pero si las actuales autoridades deciden ponerles fin tendrían que pagar RD$20 millones, RD$5 millones para cada abogado.
Los documentos de estos cuatro contratos fueron entregados a periodistas de Acento por fuentes del ámbito jurídico.
Los contratos fueron suscritos con los abogados José Leonardo Martínez Hoepelman, Julio Miguel Cury David (Julio Cury), Eduardo Jorge Prats y Valentín Medrano Peña. Fueron firmados el 17 de marzo de 2020 y concluyen el 31 de diciembre del año 2023.
Estos cuatro contratos generan interrogantes para las actuales autoridades de la Procuraduría General de la República, debido a que los cuatro juristas contratados tomaron posición a favor del anterior procurador, Jean Alaín Rodríguez, cuando éste, en reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, lanzó acusaciones contra la entonces jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, hoy Procuradora General de la República.
Los contratos, que fueron suscritos por separado por los cuatro juristas tienen las mismas bases y, en nombre de la Procuraduría General de la República, firmó el abogado notario público Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, en fecha 17 de marzo del año 2020.
El entonces Procurador General de la República, Jean Alain García, le otorgó un «poder especial» al notario Rodríguez Imbert para contratar a los cuatro notables abogados, con la finalidad de poder enfrentar la objeción hicieron que hicieron 19 fiscales al «Concurso Interno para la Selección de Titularidades» convocado por el Consejo Superior del Ministerio Público el 7 de febrero de 2020.
