Todo empezó a fraguarse a partir del 2015, luego del acuerdo suscrito por el Comité Político del partido morado, que permitió la reforma a la Constitución de la República, haciendo posible la reelección del entonces presidente de la República para un segundo mandato consecutivo.
En el segundo ordinal de ese acuerdo se estableció, de manera precisa e inequívoca, la inclusión de nuevos mecanismos de protección de nuestra Carta Magna, que sirvieran de candados ante futuros intentos de proyectos continuistas.
A pesar de ese acuerdo, la cúpula palaciega, actuando desde la sombra, no descartaba un tercer periodo presidencial consecutivo. Para esos fines, se trabajaba de manera sigilosa. Se desautorizaba cualquier voz que se levantase en esa dirección.
Para sembrar más la duda en la opinión pública, un destacado miembro de la alta dirección peledeista, durante meses proclamó que el presidente de la República le había autorizado a informar que no se presentaría como aspirante a un tercer periodo presidencial.
Pero al tiempo que se ocultaban las verdaderas intenciones de permanencia en el poder, se actuaba en sentido contrario. Se quiso introducir dentro de la Ley de Partidos el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de candidatos a cargos de elección popular. El objetivo de ese proyecto era el de obtener un nivel de legitimación popular equivalente al de un plebiscito o referéndum.
No se pudo lograr; y ante eso se maniobró para que los partidos pudiesen optar por distintas modalidades de selección de sus candidatos, permaneciendo, para el caso específico del PLD, las primarias abiertas.
El intento de reforma a la Constitución de la República naufragó. Los seis precandidatos promovidos por el jefe del Estado fueron eliminados. Una séptima figura, inesperada, emergió como el candidato oficial para el 6 de octubre.
Junta, padrón y voto automatizado
Al imponer la cúpula palaciega el método de elecciones primarias, el próximo paso era determinar el padrón que habría de ser utilizado. Eso se abordó directamente con la Junta Central Electoral. Para sus integrantes, especialmente para su presidente, el padrón a utilizarse era el padrón universal del órgano electoral.
Manifestamos nuestra oposición a ese criterio. Es evidente que si todos los partidos hubiesen adoptado el sistema de las primarias abiertas, el padrón a emplearse no podía ser otro que el de la Junta Central Electoral. Pero si solo un partido optaba por las primarias abiertas, como fue el caso el PLD, el padrón ya no podría ser el de la JCE. Tenía que ser el padrón del PLD, más todas aquellas personas que no estuviesen afiliadas a ningún otro partido.
Esa era la manera de evitar que otras organizaciones políticas pudiesen influir en sus decisiones internas. Al imponerse el padrón de la JCE, partidos como el PRD y otros aliados del partido morado, votaron por el candidato del oficialismo, creándose una situación de inequidad electoral, en perjuicio de nuestra precandidatura.
Pero lo más grave de ese proceso comicial tuvo que ver con el uso del programa de software en el sistema de voto automatizado. Cuando la autoridad electoral convocó a los partidos políticos para informar acerca del voto automatizado, como plan piloto para la celebración de elecciones internas de los partidos, todos manifestaron su aprobación.
El problema empezó a suscitarse cuando la JCE, actuando en forma contraria a sus propias disposiciones, no realizó la auditoría técnica al software que se utilizaría en las elecciones primarias. Eso así, a pesar de que, en diversas ocasiones, en forma escrita, nuestro equipo le solicitó su realización. Resultaba pertinente llevar a cabo la referida auditoría, dado que dicho software, el cual fue elaborado por la Dirección de Informática del órgano electoral, no había sido sometido a controles de calidad y nunca había sido puesto en práctica.
Para salvar esas dificultades, el sistema de votación todavía contaba con un mecanismo efectivo. Consistía en que al materializarse el voto electrónico, se emitía una constancia física, en forma de recibo, que se depositaba en las urnas.
Para dotar de mayor legitimidad al proceso electoral interno, solicitamos a la Junta que los votos físicos fuesen contados en su totalidad, a los fines de establecer su coincidencia con los resultados de la votación electrónica.
Se nos rechazó tal petición. Solicitamos entonces que fuese un 50%. También se nos negó. Pedimos luego que fuera un 40%. La respuesta: un 10% y nada más, lo que resultaba insuficiente para determinar la real voluntad popular.
Al iniciarse la transmisión de los resultados electorales, el candidato oficial salió con una gran ventaja. Resultaba evidente que se había programado para que así fuese, a los fines de proyectar una imagen de victoria. Sin embargo, a medida que continuaba el proceso, nuestra candidatura fue disminuyendo esa diferencia hasta que a las 6:30 de la tarde, cuando se suponía que ya todos los recintos electorales estarían cerrados, nuestra candidatura emergía triunfante.
El fraude
A esa altura, el fraude del voto automatizado había sido vencido. El empleo del poder y los recursos del Estado habían sido sobrepasados. En ciertos sectores de la sociedad, hasta se celebraba nuestro triunfo. A partir de ahí, sin embargo, conforme a los boletines noticiosos, el presidente de la República se trasladó a las oficinas del candidato oficial; y lo que aconteció, entonces, fue la puesta en práctica de una segunda modalidad del fraude, en las lejanas provincias del Sur, donde se estuvo ejerciendo el voto hasta las 2 de la madrugada del día siguiente.
Al analizar lo que aconteció en las primarias peledeístas del 6 de octubre, el grupo de observadores de Participación Ciudadana logró documentar la ocurrencia de múltiples irregularidades, al igual que hicieron observadores de varios grupos internacionales. Al insistir en la realización de una auditoría técnica forense con respecto a lo ocurrido, la Junta Central Electoral, luego de haber fracasado en la contratación de la firma Deloitte, suscribió un acuerdo con la empresa española Alhambra Deus.
La respuesta se limitó a una rueda de prensa donde declaró que los equipos auditados disponían “de un nivel de seguridad, desempeño y tolerancia a fallos que los hacen robustos, fiables y rápidos en su ejecución”.
De esa manera, aparentemente, nuestros alegatos de fraude habían quedado sepultados. Pero no fue así. Con miras a las elecciones municipales del 16 de febrero, la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES) recomendó, contrario a Alhambra Deus, añadir nueve capas de seguridad al software del voto automatizado.
Hay que imaginarse cómo si con nueve capas añadidas de seguridad, el software fracasó en las municipales de febrero, ¿qué no habría sido en las primarias del PLD, en octubre del año pasado, cuando no disponía de esos niveles de seguridad?
La respuesta, no obstante, la tiene la propia empresa Alhambra. De manera sorprendente, esta sostiene en su informe que aún al día de hoy, 6 de octubre de 2020, un año después, hasta las 5:13p.m., hay una mesa abierta en el Centro Comunal El Café, en Santo Domingo Oeste.
Increíble, pero así es.
