Aunque imperfecto según juristas, es un paso de avance hacia actualización de normas del siglo 19, pues ya en este siglo 21 era necesario actualizar.

No puede dejar de discutirse el Código Penal en el futuro pues se necesitan reformas profundas. Las más claras en ese sentido son la incorporación a su parte general de dispositivos que han sido propuestos por la dogmática, y que los ordenamientos más modernos han ido incluyendo.

Es necesario que el legislador tome decisiones sobre esas propuestas hechas por los profesores de Derecho Penal.

Me parece necesario, por ejemplo, que nuestra legislación introduzca normas generales sobre los efectos de los distintos errores en que puede incurrir quien ejecuta un delito (como el cazador que cree que dispara a un oso, pero es, en realidad,  a otro cazador a quien mata o quien ejecuta un delito, como el caso del que mata a otro  ¿responde solo por el homicidio, o también por el delito de daños causados al auto y bienes de la víctima por la bala homicida?), pregunto.

Nuestro Código Penal, al ser el último decimonónico en vigor, contiene una fuerte inclinación a las penas privativas de libertad y, a fuerza de reformas, ha ido ampliándose su catálogo de penas a otras consecuencias del delito distintas de la privación de libertad.

Asimismo, aún prevé un sistema de penas en grados (presidio mayor en su grado medio o reclusión mayor en su grado máximo, por ejemplo).

La conveniencia de que un sistema deba ser cambiado por otro de penas expresadas en períodos determinados (por ejemplo, pena de 1 a 3 años de prisión) no me queda del todo clara, pero sí amerita una discusión, todos quieren ir a su casa con grilletes.

Hay otro tema que va de la mano con un nuevo código Penal y es la deficiente procuración y administración de la justicia penal, que a su vez es atribuible a diversas causas; como el deplorable estado de las prisiones, que aparte de la superpoblación carcelaria también padece abuso de poder, corrupción de prebostes administrativos y desvinculación con los otros sectores del sistema de justicia penal.

El abuso de la prisión preventiva, que revela la poca imaginación de alternativas mejores; con el déficit particularmente cualitativo de personal de los diferentes sectores del sistema de justicia penal, por falta de criterios uniformes de selección y de programas coordinados para la capacitación y actualización de dicho personal; es patético.

Creo que a la fecha pocos de estos problemas han tenido una debida atención. Y todo ello ha obedecido, fundamentalmente, a la falta de una política criminal integral, producto de un diagnóstico de la realidad en la que operará y que, por ello, sea debidamente planificada y esté basada en criterios uniformes y coherentes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *